Reconocemos
que:
La
información, el conocimiento, la documentación,
los archivos y las bibliotecas son bienes y recursos
culturales procomunales para fundamentar y promover
los valores de la democracia, tales como: la libertad,
la igualdad y la justicia social, así como
la tolerancia, el respeto, la equidad, la solidaridad,
la dignidad de los individuos, las comunidades y
la sociedad.
Todo
recinto de información documental contribuye
a impulsar la práctica democrática
en las esferas social y política. Conscientes
de esta dimensión, la fundación y
organización de estos bienes y recursos deben
construirse bajo el principio del acceso al conocimiento
y la información de forma libre, abierta,
igualitaria y gratuita para tod@s.
Asimismo,
se presentan como elementos sociales y políticos
que las y los bibliotecarios, documentalistas y
archivistas deben aprovechar para contribuir a la
formación de identidades culturales y ciudadanas
sustentadas en valores cívicos y responsabilidades
sociales.
Consideramos que:
Las
y los bibliotecarios, documentalistas y archivistas
deben participar en los procesos sociales y políticos
que se relacionan con su quehacer cultural, ámbito
laboral y ejercicio profesional.
Estos
trabajadores de la cultura son facilitadores del
cambio social, formadores de opinión, promotores
de la democratización de la información
y el conocimiento, gestores educativos y actores
comprometidos con los procesos sociales y políticos,
por lo tanto, el trabajo que desempeñan es
de fundamental relevancia para la sociedad y el
Estado, por lo que debe otorgárseles pleno
reconocimiento social, así como un salario
digno y justo regulado por la legislación
de cada país.
La
cooperación y solidaridad profesionales así
como la integración en redes, son mecanismos
valiosos para fomentar el intercambio de experiencias
exitosas y potenciar el alcance de los objetivos
y retos en nuestro quehacer cotidiano.
Las
bibliotecas, los archivos y centros de documentación
deben ser espacios para contribuir al desarrollo
de los derechos humanos y coadyuvar con la preservación
de la memoria y recuperación de las tradiciones
orales y escritas para asegurar la autodeterminación
y soberanía de los pueblos.
Los
servicios bibliotecarios y de información,
vinculados al libre desarrollo de colecciones, deben
planificarse, construirse y ofrecerse mediante la
colaboración conjunta entre las personas,
comunidades y organizaciones -principalmente las
menos favorecidas social y políticamente-
con las y los bibliotecarios, documentalistas y
archivistas.
Tanto
la teoría como la práctica de la bibliotecología,
la documentación y la archivonomía
están determinadas por las necesidades que
se generan en la estructura social; por ende, la
creación y el ejercicio de estas disciplinas
y profesiones deben cumplir la misión de
fomentar la opinión pública, el juicio
crítico, la libre toma de decisiones y contribuir
activamente en el combate contra el analfabetismo
en todas sus variantes entre la comunidad de sus
usuarios con el fin de mejorar la vida y el entorno
colectivo o personal de los mismos.
Las
y los bibliotecarios, documentalistas y archivistas
deben construir espacios de intercambio público
de información al interior de sus comunidades,
para incentivar la discusión sobre temas
políticos, sociales, ideológicos y
culturales inherentes a los problemas de la sociedad
y el gobierno, estimando el ejercicio neutral o
no neutral de su pensamiento individual, acción
laboral y participación ciudadana.
La
información, el conocimiento, la documentación
y las bibliotecas son un bien común público
que no deben estar regidos ni determinados por las
dinámicas de los mercados, sino instrumentados
por las políticas públicas de desarrollo,
bienestar y defensa de la riqueza cultural de la
sociedad, en aras de garantizar el dominio público,
la diversidad, la pluralidad y la identidad de todos
los sectores de la población.
La
construcción de discursos, desde la realidad
de América Latina y el Caribe, implica el
uso de las lenguas nacionales como un medio de comunicación,
reconocimiento y posicionamiento en el ámbito
profesional mundial. Asimismo, conscientes que las
lenguas indígenas son una realidad social
y política en varias naciones latinoamericanas
y del Caribe, es necesario reconocerlas como generadoras
de discursos, orales y escritos, para la información,
la documentación, las bibliotecas y los archivos,
a grado tal que se contribuya a evitar la extinción
de esas lenguas.
La
paz es garante y condición necesaria para
la preservación y el crecimiento de los repositorios
de información y conocimiento. Acorde con
esta idea, condenamos firmemente las guerras y toda
forma de violencia que devaste la especie humana
y sus culturas documentales. La promoción
permanente de la paz y los procesos que conducen
a ella son y deben ser un compromiso social de los
bibliotecarios, documentalistas y archivistas en
sus espacios de trabajo y en las esferas culturales,
sociales y políticas que les atañen
en su condición de ciudadanos.
Es
necesario eliminar toda forma de discriminación:
por sexo, edad, raza, etnia, ideología, condición
económica, clase social, discapacidades,
migración, orientación sexual, religión,
lengua o cualquier otra en los sistemas de información,
documentales y bibliotecarios para ofrecer servicios
a los grupos minoritarios y socialmente vulnerables.
El
grave deterioro ecológico de nuestro planeta
afecta la vida en general y, en consecuencia, el
bienestar y la calidad de vida de la especie humana.
De tal manera, comprendemos que es fundamental que
los profesionales de las bibliotecas y de la información
vinculen los problemas del medio ambiente con la
importancia que tiene el desarrollo, la organización,
la circulación y la difusión de información
de corte ambiental.
Declaramos
como esencial el cumplimiento de los derechos que
apelan a las libertades de acceso a la información,
así como la justa distribución de
los bienes y recursos documentales públicos.
Invitamos
a tod@s a la suma de esfuerzos y voluntades para
la consecución de los enunciados y propósitos
de esta Declaración.
Desde
América Latina y el Caribe para la sociedad
del conocimiento.
Buenos Aires, 28 de agosto de 2004
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